El sistema carcelario bonaerense, un polvorín: sobrepoblación récord, salud abandonada y una tasa de encierro que ya supera la media mundial
La provincia de Buenos Aires tiene un problema que no para de crecer y que las autoridades no logran resolver: las cárceles están reventadas. Con 64.367 personas privadas de su libertad y una sobreocupación promedio del 117,3%, el sistema penitenciario navega en un caos estructural que, lejos de mejorar, se profundiza mes a mes. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, la población carcelaria aumentó un 6,3%, un ritmo que evidencia el fracaso de una política criminal basada en el encierro masivo.
La Plata es uno de los epicentros de esta crisis. La Alcaidía Departamental (con un 75,2% de hacinamiento) y la Unidad Penal N°45 de Melchor Romero (68,4%) se ubican entre las diez peores del territorio, pero el drama no es local: es sistémico. Como explicó Rodrigo Pomares, coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria, el problema no se resuelve mirando una unidad en particular, porque la lógica de distribución responde a una política criminal única que privilegia el ingreso por sobre el egreso.
Los números son escalofriantes. El sistema cuenta con apenas 28.000 plazas para alojar a cerca de 60.000 presos, a los que hay que sumar otras 4.000 personas con arresto domiciliario. Esa ecuación imposible genera que en algunos penales la sobrepoblación supere el 150%. Pero el dato más alarmante es la tasa de prisionización: pasó de 130 cada 100.000 habitantes en 2006 a 336 en 2026. Es la más alta del país y ya supera el promedio mundial, con un incremento del 27% en los últimos cinco años.
¿El origen de esta espiral? Pomares lo sintetiza sin vueltas: siempre entran más de los que salen. Cada año queda un remanente de unas 2.000 personas engrosando el déficit, y las reformas que endurecieron las penas y cerraron las puertas a alternativas al encierro solo aceleraron el colapso. Las consecuencias se pagan en vidas: el 90% de las muertes intramuros no ocurren por violencia entre reclusos, como suele creerse, sino por enfermedades que el sistema no atiende. Otro 4% son suicidios. Un diagnóstico desolador que pinta un escenario al borde del estallido y exige, según los especialistas, un cambio de rumbo urgente en las políticas de seguridad y justicia bonaerenses.